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Abogar como Presidente de la República ante los saudíes por el medio ambiente mientras policías y granaderos resguardaban al convoy encargado de la brutal y definitiva destrucción de 57 hectáreas de manglar en el malecón de Tajamar, en Cancún, es otra bofetada del gobierno mexicano a los intereses del país, del planeta, del hábitat, de los derechos humanos y medioambientales y, en suma, de la población y la vida misma.
Propios de regiones costeras tropicales y subtropicales, los manglares son hábitats de camarones, tortugas, cocodrilos, aves y peces y, por su situación y valor ecológico, los más codiciados con fines turísticos. Además de absorber carbono, filtrar contaminantes y contrarrestar el cambio climático gracias a sus múltiples propiedades biológicas, los manglares actúan como eficientes barreras naturales contra huracanes, tormentas, tsunamis e inundaciones.
Cada manglar forma un ecosistema alrededor de árboles llamados mangles. Esta singular especie vegetal crece agrupada en humedales o terrenos cubiertos con aguas poco profundas. Subsisten y se desarrollan por el intercambio de gases que los hace tolerantes a las altas concentraciones salinas que abundan en suelos sin oxígeno. Al destruirlos se libera el carbono acumulado y, en consecuencia, se multiplican los contaminantes tanto en el solar devastado como en el mar colindante.
No obstante sus valiosísimas propiedades y contra el deber institucional de protegerlo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 2006, emitió una autorización de impacto ambiental (AIA) a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para urbanizar y construir un conjunto urbano-turístico con oficinas, comercios, hotel y departamentos en el Manglar Tajamar de Cancún. Sin tardanza, con la amañada y previa licencia de construcción, FONATUR vendió el predio a la empresa BI & Di Real State de México y, de ahí, el repartidero de “propietarios”, cuya lista ha publicado en la web la revista Proceso.
Lo que siguió fue el desmonte y destrucción del manglar, contra la supuesta orden de SEMARNAT de presentar un programa de rescate de vegetación y traslado de la fauna protegida y en riesgo de extinción. Desde el pasado sábado, a horas de ocurrido este crimen contra la Naturaleza, la noticia se ha comentado en varias lenguas, con inocultable repudio. Si de suyo el agresivo desastre dirigido por Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, y por el Presidente municipal de Benito Juárez, Paul Michell Carrillo de Cáceres, es para ponernos la cara roja de vergüenza, también exhibe el lado más oscuro tanto del autoritarismo arraigado como del talante mexicano; es decir, de la tendencia de la mayoría a agacharse, hacer la vista gorda y aguantar abusos de poder, engaños y las más cínicas evidencias de corrupción, mentiras, negocios sucios, alianzas y componendas.
Nuestra “hermosa República Mexicana” es un muladar dominado por bribones que determinan el destino de millones de subyugados. Si por educación, dignidad, afán de libertad y amor a lo que queda de patria el mexicano común no ha valorado ni entendido la democracia, que sea el montón de desgracias y hechos humillantes lo que lo enseñe y obligue a despertar. Mientras esto no ocurra, los pillos continuarán beneficiándose de la indiferencia de millones de habitantes en este maltrecho y violentado territorio.
Ya se sabe que los inconformes activos son minoría aplastante; sin embargo, a pesar de protestas reiteradas de organizaciones tan respetables como Green Peace; no obstante denuncias de valientes activistas y agrupaciones locales; sobre testimonios publicados por “Salvemos el Manglar Tajamar” en Facebook, donde pueden leerse pormenores y antecedentes de esta tragedia, el ecocidio se consumó en unas horas para construir el proyecto inmobiliario, sin que la SEMARNAT, la Comisión de Derechos Humanos y hasta la PGR lo evitaran. Hechos como éste, para colmo auspiciado por la Secretaría de Turismo, demuestran no sólo la debilidad de las instituciones, sino lo fácil que es para inversionistas y empresarios “persuadir” a funcionarios para hacer lo que sea, dónde, cómo y a costa de lo que sea, en tanto y se antepongan el rintintín del dinero y el prejuicio de que estos resorts crean fuentes de trabajo. Lo que han hecho tales negocios especialmente en Cancún, son paraísos para pederastas, para negociantes vinculados a la prostitución, reductos ideales de venta y distribución de drogas y, como de paso, “ofertas turísticas” para que especialmente los Spring Breakers den rienda suelta a su desenfreno y afán de juerga para abatir su espantoso aburrimiento.
Antes de que las máquinas entraran a saco contra animales y vegetales en peligro de extinción, fue desplegado un piquete de más de cien policías municipales y un cuerpo de ganaderos, para que el convoy de la muerte se desplazara y actuara sin oposición, en el mejor estilo de los gobiernos espurios. Volquetes y trascabos tiraban árboles desde su raíz, plantas, flores, nidos… Y decenas de camiones salían cargados de tierra entremezclada con ejemplares aún vivos de la rana leopardo, la iguana rayada, el cocodrilo Moreletti…: restos del otrora Edén que sistemáticamente ha sido arrasado para reducirlo a tierra yerma, a cemento y simulacro de paraíso tropical diseñado por decoradores y arquitectos.
Ante la indignación masiva, el gobernador Roberto Borge, respondió a periodistas que el FONATUR es el desarrollador del Malecón Tajamar: revelación que hace todavía más inmoral el ecocidio. Agregó que desde 2005 Turismo obtuvo los permisos correspondientes de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT y que, por consiguiente, son legales y hasta convenientes estas medidas. Al respecto, no se arrugó al agregar este galimatías, sólo coherente para idiotas:
“Como Gobierno y como autoridad estamos obligados al cuidado del medio ambiente, pero también somos promotores de la inversión y del desarrollo. Nos interesa que Quintana Roo se mantenga como líder turístico en México y Latinoamérica, aunque es nuestra obligación garantizar que nuestros atractivos naturales sean preservados y puedan ser disfrutados por las futuras generaciones…”
Ha vuelto a triunfar nuestro ancestral síndrome de la derrota. Humillados, devaluados y agachados, aguantamos vilezas con estoicismo inaudito; si acaso, discurrimos burlas y cuchufletas. Carecemos de orgullo y conciencia crítica para ser un pueblo con alta concepción de sí mismo. Por eso somos burlados, saqueados y tratados como pobres diablos por los gobernantes. Ya es hora de cambiar para defender nuestros derechos. Estamos cada vez más hartos y menos dispuestos a seguir resistiendo.
A todos nos afecta cualquier tragedia medioambiental. Tenemos que denunciar una y otra veces. Debemos insistir y exigir las reparaciones pertinentes, para que lo “legal” lo sea de principio a fin y no producto de trampas, arreglos y porquerías habituales que legitiman o enmascaran los abusos que no paran, no paran…