La confianza en la justicia es el pilar fundamental del Estado. El ideal establece que “nadie está por encima de la ley”, pero los hechos demuestran lo contrario. La inseguridad social se agrava por la evidencia pública de amiguismos, extorsiones, campañas y presiones mediáticas a conveniencia, omisiones intencionadas, protecciones discrecionales, encubrimientos y las consabidas arbitrariedades entre componendas, complicidades, alianzas en connivencia y acusaciones infundadas y/o torcidas para confundir a la opinión pública con escándalos para eludir la imparcialidad. Además de dañar la dignidad de las personas, estos sucesos consabidos en la población dejan en entredicho la salud del Poder Judicial.
Sin distingo de ideología ni preferencias partidistas, como nunca la población descree del modelo de justicia impuesto. Aunque el primer deber del Estado sea proteger a las personas, nuestra indefensión es casi total, sea frente al burócrata o el uniformado que extorsiona a plena luz o como sujetos de una misteriosa “carpeta de investigación” más gruesa que la Enciclopedia Británica y más absurda que El proceso, de Kafka. Así, “la autoridad” puede perjudicar, sancionar, imponer el yugo u ofrecer invisibilidad de acuerdo a la circunstancia. Por consiguiente, donde cualquier cosa es posible, nada es verosímil. Sin imparcialidad, las víctimas son doblemente victimizadas. Con tantas controversias solo hay que insistir en que el saneamiento de la justicia es prioridad inaplazable.
Garante del derecho ciudadano y aval de un buen gobierno, el principio de equidad exige que quienes aplican las normas no estén excentos de su cumplimiento. La realidad, sin embargo, sigue a discusión desde que la voz popular atribuyera a Benito Juárez el doble dicho que se repite como lugar común: “Para los amigos, todo; para los enemigos, la ley” o “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Sea cual fuere la versión frecuentada donde privan leyes “a medida”, lo importante es insistir en lo indudable de la desconfianza general en la impartición de justicia: uno de los puntos más débiles y supeditados al régimen de poder mexicano, según demuestran situaciones ignoradas como las ya añejas víctimas de Ayotzinapan, las madres buscadoras y tantos delitos pasados por alto, como los relativos al huachicol y las drogas o los asesinatos impunes a periodistas, por citar algo que sabemos por las noticias y por la presión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos sobre las acciones judiciales del gobierno.
La reciente y publicitada renuncia a la Fiscalía Especial en Investigaciones Relevantes (tras menos de seis meses en el puesto) del oscuro Ulises Lara, vuelve a destacar la vulnerabilidad de la justicia en México, y algo peor: la cantidad de corruptelas “calladas” en las que estaba envuelto. La salida de la fiscalía de este sujeto y algunos más citados por la prensa levantó el tapete y mostró la basura desconocida por sus superiores. Lo que no fue preocupante para la Fiscalía al elegir a los “de confianza”, al renunciarlos significó reparación o “limpieza”. Es decir, retirados “por motivos personales”, comenzó a ventilarse el montón de fechorías de Lara y su gente. Tuvimos noticia de su inequidad, sin embargo, desde que se hizo de una licenciatura express por el Centro Universitario Cúspide de México (sic) y un doctorado por la Universidad Ejecutiva del Estado de México: dizque títulos para tomar posesión en tan codiciado puesto el 2 de enero de 2026, al amparo de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy.
De acuerdo a lo divulgado en todos los medios, el ex fiscal Lara tenía bajo su responsabilidad nada menos que los casos más “sensibles” como el debatidísimo viaje, secuestro, entrega o arreglo del capo “Mayo” Zambada, para ser procesado en los Estados Unidos. En medio de versiones confusas, la PGR reconoció haber tenido bajo su custodia y entregado al piloto encargado del traslado aéreo Mauro Alberto Núñez Ojeda: asunto que, como otros vinculados a la fiscalía, inclusive ha comentado la presidenta Sheinbaum en su “Mañanera”. Este caso del narcotraficante también compromete la supuesta ilegalidad cometida por y desde la propia PGR que tanto se está discutiendo. Agréguense las acusaciones estadunidenses contra el ahora invisible gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios estatales. Es curioso observar que Lara no desocupaba aún la oficina cuando ya se infiltraba a la prensa su intervención en una cantidad reveladora y escandalosa de corruptelas que comprometen a políticos de primera línea.
Su renuncia, sin embargo, fue como la caja de Pandora: apenas abrirla saltaron las calamidades. Se dijo que el detonador fue el errático trato y expediente de Gilda Susana Lozoya. Durante las audiencia salieron a la luz tantos y tan ostensibles yerros que el mismo Ulises Lara se encargó de dejar en ridículo y sin argumentos a la fiscalía cuando el abogado defensor, Alejandro Rojas Pruneda, tuvo que protestar con estas palabras: “Que no les corran las prisas por meterla a la cárcel, eso es una vulgaridad. Qué urgencia tienen. Observo que se ve muy mal la fiscalía por violar el debido proceso por imponerle la prisión preventiva, castigarla por ser hermana de Emilio Lozoya” .
Cuando las cosas se hacen tan mal como no atender a las víctimas o esta forma publicitada de acosar a las mujeres de la familia para perseguir a un tercero o vengarse de lo que sea, tarde o temprano se demuestra que la arbitrariedad es costumbre e innegable la impotencia popular. El machismo es tan poderoso en México, no obstante tantos alardes en contrario, que nadie olvida cómo Alejandra Cuevas fue encarcelada durante más de un año en 2020 al haber sido acusada por el mismísimo fiscal Gertz Manero de homicidio de su hermano Federico Gertz. Sobradamente se demostró que era un delito inventado pero, lejos de remover a Gertz por eso y lo que resultara, continuó como Fiscal General de la República y al tiempo fue premiado por “sus buenos oficios” con la Embajada en el Reino Unido.
Como ciudadanos defensores de la República debemos insistir en que sin poderes independientes y confiables no sólo estamos y seguiremos expuestos a sufrir cualquier arbitrariedad, sino que seguiremos siendo señalados interna y externamente como un estado fallido.